Nomenclatura

por Altarriba | Nov 14, 2018 | Opinión

Para saber el verdadero significado de una palabra no hay que consultar el diccionario sino averiguar quién manda. Lo dijo ya Lewis Carroll en su Alicia, un relato más realista de lo que a primera vista parece. Y, de una manera u otra, así ha sido a lo largo de la Historia. El poder ha acuñado moneda y léxico con similar insistencia. Como valores de intercambio sometidos a la aceptación del grupo, la economía y la semántica se convierten en ámbitos estratégicos de control. Para asentar la jerarquía que estructura una sociedad es necesario establecer, ante todo, “cuánto vale” y “qué significa”. Se necesita un acuerdo básico, una confianza compartida, una convención aceptada, a menudo impuesta, que garantice la correcta –o la más conveniente- circulación del dinero y del vocabulario.

Este control del significado implica, en primer lugar, acotar el espacio de lo innombrable. La religión se encarga de designar la blasfemia, máxima transgresión verbal, castigándola con condena moral, social y hasta con suplicio físico. En la medida en la que el poder ha buscado la sacralización y se ha legitimado mezclando lo terrenal y lo celestial, el hecho de cuestionar la autoridad ha constituido, al mismo tiempo, conspiración y sacrilegio. Con la creación de los estados modernos la terminología política se hace laica, pero no por eso se libera de la censura. Resulta sintomático que el cardenal Richelieu, artífice de una monarquía liberada de las limitaciones feudales de la Edad Media, creara en 1635 la primera Academia de la Lengua. Otros países siguieron el ejemplo y –admitámoslo- su misión nunca se ha limitado al mantenimiento de una supuesta pureza de la lengua. Tras la calificación de “correcto-incorrecto”, “culto-vulgar” se ocultan criterios más ideológicos que estrictamente lingüísticos.

Las revoluciones comunicativas de las últimas décadas permitieron soñar con el final de este monopolio del cuño semántico. Los medios de masas, irrumpiendo con fuerza en los años sesenta del pasado siglo, plantearon la posibilidad de circulación de significados más “populares”. El “feed.-back” impondrá su dictado y el control de las palabras acabará quedando en manos del público, se decía entonces. Internet y las redes sociales también fueron acogidas como la añorada democratización de la información. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros íbamos a ser nuestra propia terminal. A estas alturas y a expensas de una improbable reversión de la tendencia, podemos comprobar lo ilusorio de estas expectativas. El flujo de acuñación del significado sigue circulando de arriba abajo. Es más, con la concentración de la información en unos pocos grupos mediáticos, con los estrictos protocolos impuestos en las redes sociales, con los sistemas de vigilancia en manos de servicios de inteligencia o cuerpos de seguridad la libertad de expresión queda aún más reducida que en tiempos de la imprenta.

El contexto resulta, pues, favorable a las estrategias de limitación de lo “decible”. Los ejemplos cunden por doquier y en España con vergonzosa implantación. Hemos sufrido, con continuidad apenas interrumpida desde el franquismo, una red mediática adscrita al poder político. De hecho, nos hemos acostumbrado a que radio-televisiones públicas estén al servicio del partido con mando en plaza. Por si fuera poco, numerosos medios privados, publicidad institucional interpuesta, acaban entregándose al significado oficial o, al menos, limitan sus críticas. Así, con la mayoría de las emisiones controladas, sólo falta castigar las desviaciones del locutor insumiso. Es lo que el PP hizo con la “ley mordaza”, de cuya derogación, de momento, ni hablamos. Y, para cerrar el círculo, las presiones ejercidas sobre la justicia buscan el control del “veredicto” que, etimológicamente, no es otra cosa que “el dicho verdadero”. El plan obedece a un diseño inteligente y a una voluntad firme de aplicación. Ignacio González lo explicaba en una de las conversaciones interceptadas en el caso Lezo, “si no cuentas con los medios y los jueces, estás perdido”.

Así hemos llegado a un punto en el que resulta menos delincuente el que roba que el que le llama ladrón. Nos vemos obligados a asumir un pasado en el que está penado bromear sobre figuras o símbolos del franquismo y prohibido enjuiciar sus crímenes. Nuestro horizonte expresivo se ha reducido hasta tal punto que resulta más ofensivo gritar “Franco asesino” que sufragar el mantenimiento de su mausoleo. Poco a poco nos hundimos en el error de discernimiento del que advierte el proverbio chino. “Cuando el sabio señala la luna, el estúpido mira el dedo.”

Tuvimos un ejemplo cuando el PP, acusado de corrupción, denunciaba el tono, los modales y hasta la vestimenta de los denunciantes. Más recientemente, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no atender las declaraciones que acusan al rey emérito con la excusa de que vienen de las cloacas del Estado. Algunos, incluso, han lamentado la inutilidad de insistir en unos hechos por todos conocidos. En definitiva, ante el espectáculo de una luna llena de corrupción, hemos oído, ante todo, “pero qué dedo más feo y qué uña más sucia”. Todo indica que vivimos una nueva nomenclatura, en su acepción lingüística y no soviética, una dictadura nominalista que, cuanto más penaliza la palabra, más exime el acto.

LO QUE SE REMUEVE EN LA TUMBA

por Altarriba | Nov 14, 2018 | Opinión

Suena a entrechocar de huesos y huele a cuerpo corrupto. Desde que el gobierno socialista planteó la exhumación del “caudillo”, matraca esquelética y tufo cadavérico infectan el debate nacional. Vuelven argumentos, actitudes, hasta gestos que algunos creían definitivamente enterrados. Como consecuencia, se resquebraja aún más el argumento de la “transición modélica” con el que se ha venido explicando la historia de una España moderna, finalmente liberada de siglos de opresión. En realidad, basta observar los últimos acontecimientos para comprobar que no es el cadáver de Franco el que se remueve en la tumba. Es el cuerpo o, mejor dicho, algunos cuerpos del franquismo los que están dando muestras de inesperada vitalidad.

El manifiesto de un millar de oficiales del ejército oponiéndose a la profanación de la tumba del que, al parecer, sigue siendo su “generalísimo” ha sido la expresión más clara de tantos y tan beligerantes muertos vivientes. Es verdad que la mayor parte de los firmantes están en la reserva, pero ningún oficial en activo ha condenado el manifiesto ni ha expresado la incompatibilidad de la obediencia constitucional con esa nostálgica concepción de la milicia, mucho menos con una visión tan distorsionada de nuestra historia. Quizá sea porque la raíz fascista mantiene inaceptable vigencia en un ámbito que fue el principal apoyo del Régimen. Además, esto ocurre después de que se hayan celebrado homenajes a Tejero en los cuarteles, de que grupos de legionarios se hayan manifestado contra la eliminación de Millán Astray del callejero y de que sentencias de tribunales militares hayan chocado nuestra actual concepción del derecho. Sin olvidar, por supuesto, el trato sufrido por mujeres soldado o las consecuencias tras presentar quejas por el comportamiento machista de algún superior.

Policía, guardia civil y otros cuerpos de seguridad tampoco presentan un historial impecable en lo que a comportamientos democráticos se refiere. Conocíamos las fotos de guardias civiles posando ante la estatua de Franco en Melilla, nos sorprendimos con los contenidos filo-fascistas del chat de la policía madrileña en el que se amenazaba de muerte a la alcaldesa Carmena. Pero las cosas han ido más lejos en las últimas semanas. La invitación de Billy el Niño a un vino de honor por el comisario Mariscal de Gante o la presentación de un libro sobre ética policial por Juan Cotino, imputado reincidente, se antojan un desafío, quizá una demostración de que no van a cesar los agravios. Y el jefe superior de la policía de Navarra ha dimitido tras descubrirse que utilizaba una cuenta de twiter para insultar a independentistas y políticos de izquierdas. Hasta hemos visto a policías manifestándose por la unidad patria o cargando al grito de “¡viva España!”. Todo ello mientras se mantiene vigente la ley mordaza y las ventajas judiciales que amparan actuaciones y testimonios policiales.

La magistratura tampoco pasa por sus mejores momentos. A sentencias como la de “la manada” han venido a unirse intervenciones descalificatorias de jueces y fiscales contra quienes acudían a la justicia como víctimas. Los varapalos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a sentencias de nuestros tribunales, el cuestionamiento de jueces belgas y alemanes a la instrucción de Pablo Llarena de la “rebelión catalana” o la ingerencia de Carlos Lesmes en la sentencia del supremo sobre los impuestos hipotecarios no contribuyen a la buena imagen de la institución. Todo ello viene rematado por la reciente recriminación del Consejo de Europa por no haber puesto en marcha las medidas recomendadas para garantizar la independencia de la justicia.

No se puede terminar este repaso por los efluvios de la tumba franquista sin mencionar el papel de la Iglesia. No sólo porque, vía Vaticano o vía Conferencia Episcopal, sigue sin revelar si se prestará a acoger en la catedral de Madrid los restos del dictador, sino porque en ningún momento ha pedido perdón ni siquiera ha cuestionado el papel que desempeñó durante la guerra civil y en los años más oscuros de la represión. Proclamó cruzada el alzamiento de Franco, no cuestionó el lema que le convertía en caudillo por la gracia de Dios y, a pesar de sus crímenes, le dio amparo bajo palio, presentándolo como católico ejemplar.

Tras meses de pútrido debate, todavía no sabemos cuándo saldrá “la momia del abuelo” del Valle de los Caídos, pero los últimos acontecimientos dejan claro que los que fueran pilares fundamentales de su régimen tienen dificultades para encajar con los valores democráticos. Al final de su mandato y para garantizar a los suyos la continuidad de sus privilegios, Franco pronunció la famosa frase de “todo queda atado y bien atado”. Entonces los españoles la repetíamos como motivo de broma más que de miedo. Cincuenta años después, parece que tenía más fundamento del que creíamos y que, de alguna manera, consiguió frenar el curso de la Historia. Así que podría ocurrir que, en estos tiempos de retorno al autoritarismo, entremos en las nuevas formas de fascismo sin haber llegado a desprendernos del viejo.

Y aún habría que añadir el mantenimiento del ducado de Franco, la pervivencia legal de su Fundación o las negativas de alcaldes a introducir cambios en la toponimia caudillista. Todo indica que, después de tanta profesión de fe democrática y de tanta invocación constitucional, mantenemos la misma actitud amedrentada ante las formas virulentas de poder. Preferimos no enojar a la bestia en lugar de afrontarla. Y la bestia no puede ser más nociva ni más fácilmente identificable. Promueve la lealtad al superior en lugar del mérito individual, la uniformidad en lugar de la diferencia, la adhesión emocional en lugar del cuestionamiento racional, el respeto al símbolo en lugar del debate ético, el deber en lugar del querer… Con crueldad a menudo asesina, elimina toda alternativa: o adhesión o represión, o fervor o terror… Disfruta creando enemigos que canalicen el odio colectivo y, una vez creados, hace constante exhibición de fuerza contra ellos. Organiza desfiles, compactos, marciales, que disfrazan la violencia de valentía o de patriotismo. Como bien decía Unamuno, prefieren vencer (resolución radical de cualquier conflicto) a convencer (acuerdo provisional y siempre cuestionable). No, no se puede poner una vela a la democracia y otra al fascismo. La democracia exige la condena enérgica y constante de las ideologías que la niegan y que merecen permanecer enterradas para siempre bajo la losa anónima de la ignominia.